El Supremo no deja alegar en casación una causa nueva para negar la EPI (STS 1720/2026)

Causa de exclusión de la EPI: el Supremo no admite alegarla por primera vez en casación (STS 1720/2026)

El Tribunal Supremo acaba de cerrar una puerta que algunos acreedores públicos intentaban abrir tarde. En la STS 1720/2026, de 12 de noviembre (ECLI:ES:TS:2026:4498), la Sala Primera rechaza que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) pueda invocar en casación una causa de exclusión de la EPI que nadie alegó cuando tocaba.

La sentencia interesa a cualquier deudor que tramita la Segunda Oportunidad y a cualquier acreedor que quiera oponerse: aclara qué valor tiene omitir una deuda en la solicitud de concurso, qué puede revisar el juez de oficio y hasta dónde llega el recurso.

La resolución la puso en el foco José María Puelles Valencia, abogado y una de las referencias nacionales en Segunda Oportunidad, que la ha comentado en LinkedIn. Aquí la analizamos con el texto íntegro publicado en el CENDOJ.

En resumen: no cabe alegar por primera vez en casación una causa de exclusión de la EPI que ningún acreedor planteó en primera instancia. En la STS 1720/2026 la TGSS intentó negar la exoneración a un deudor por haber omitido deudas municipales (art. 487.1.5.º TRLC), pero no se había opuesto a la exoneración y esa causa nunca se debatió. El Supremo desestima el recurso, mantiene la EPI y condena en costas a la TGSS. La Audiencia Provincial, en apelación, tampoco puede apreciar de oficio una causa que nadie impugnó.

📋 Ficha técnica de la sentencia

DatoDetalle
ResoluciónSentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, n.º 1720/2026
Fecha12 de noviembre de 2026 (votación y fallo: 28 de octubre de 2026)
RecursoCasación n.º 9149/2025
PonenteFernando Cerdá Albero
IdentificadorECLI:ES:TS:2026:4498 (Roj: STS 4498/2026)
ProcedenciaSentencia 238/2025, de 11 de julio, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª)
RecurrenteTesorería General de la Seguridad Social
FalloDesestima el recurso, mantiene la exoneración del deudor e impone las costas a la TGSS

📌 El caso: un matrimonio en concurso y unas deudas municipales sin declarar

Un matrimonio en régimen de gananciales presentó en diciembre de 2022 un concurso voluntario sin masa ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid. Declararon un pasivo de 271.124,46 €: la deuda con CaixaBank, la de la Seguridad Social, una deuda con Hacienda y dos ejecuciones de acreedores particulares.

En abril de 2023 pidieron la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI). Ningún acreedor se opuso. Solo hubo dos escritos de alegaciones:

  • La TGSS informó de que su crédito real era de 67.290,78 € y pidió que la exoneración se limitara al máximo legal de 10.000 € del art. 489.1.5.º TRLC.
  • El Ayuntamiento de Madrid pidió que sus créditos quedaran fuera de la exoneración y advirtió de que el marido había omitido deudas municipales por 13.451,89 €: once multas de tráfico, el impuesto de circulación desde 2019 y, sobre todo, una plusvalía de 2012 de 11.554,04 €.

Con esa información, el juzgado mercantil denegó de oficio la EPI al marido. Entendió que había ocultado información relevante y aplicó la causa de exclusión del art. 487.1.6.º TRLC (haber proporcionado información falsa o engañosa). A la esposa sí se la concedió.

⚖️ Qué dijo la Audiencia Provincial de Madrid

La Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid estimó en parte la apelación y reconoció la exoneración también al marido. Su razonamiento fue temporal: la causa del ordinal 6.º se refiere a la información falsa o engañosa dada al tiempo de contraer el endeudamiento o de cumplir las obligaciones, no a lo que el deudor dice después en su solicitud de concurso.

La Audiencia añadió que la conducta del deudor dentro del concurso tiene su propio cauce, por ejemplo el incumplimiento de los deberes de colaboración e información. Pero nadie lo había alegado.

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🏛️ La causa de exclusión de la EPI que la TGSS planteó por primera vez en casación

La TGSS recurrió en casación con un único motivo: la infracción de los arts. 486 y 487.1.5.º TRLC, en relación con los arts. 502.1, 7 y 135 TRLC. Según su planteamiento, omitir deudas con una Administración vulnera los deberes de colaboración e información con el juez del concurso y es incompatible con la buena fe.

El problema es que esa causa de exclusión nunca se había debatido. La TGSS no se opuso a la exoneración en primera instancia y, al impugnar la apelación, se limitó a transcribir el art. 487 completo sin concretar ningún ordinal. Para salvar el obstáculo invocó el art. 218 LEC (el tribunal resuelve conforme a la norma aplicable aunque las partes no la citen) y el art. 502.1 TRLC (el juez verifica de oficio los requisitos de la exoneración).

✅ Qué decide el Supremo

La Sala desestima el recurso con tres ideas que conviene tener muy presentes:

  1. Es una cuestión nueva. La causa de exclusión del art. 487.1.5.º TRLC no se alegó en la instancia, así que no puede introducirse en casación.
  2. Dejaría al deudor sin defensa. Como nadie la planteó, el deudor no pudo discutir si la omisión era grave: las deudas omitidas suponían un 4,96 % de su pasivo total y tampoco se debatió si había circunstancias que la justificaran.
  3. La revisión de oficio tiene límites. Comprobar de oficio el art. 487.1 TRLC corresponde al juez del concurso en primera instancia. La Audiencia Provincial está limitada por lo que se le recurre (art. 465.5 LEC): si nadie impugna una causa de exclusión, no puede apreciarla de oficio. El Supremo lo enlaza con lo que ya dijo en sus SSTS 259/2026, 262/2026 y 263/2026, de 18 de febrero (ECLI pendiente de localizar).

Además, la sentencia subraya un dato procesal: como ni la TGSS ni el Ayuntamiento se opusieron a la exoneración, no se tramitó el incidente concursal de oposición del art. 502.2 TRLC. El juzgado resolvió por auto. El resultado es que el marido conserva la EPI y la TGSS paga las costas del recurso (art. 398.1 LEC).

✅ La lectura práctica de Puelles. Como ha resumido José María Puelles Valencia al comentar esta sentencia, en Segunda Oportunidad el rigor procesal es determinante: al acreedor no le basta con hacer alegaciones sobre la cuantía o la naturaleza de su crédito. Si cree que concurre una causa de exclusión, tiene que articularla formalmente oponiéndose en el momento oportuno.

🔎 Qué significa la sentencia si pides la EPI

Para el deudor, la sentencia es una buena noticia, pero no una invitación a declarar a medias. Hay que leerla con cuidado:

  • La omisión sigue siendo un riesgo. En este caso el deudor se salvó porque nadie alegó a tiempo la causa adecuada. Si un acreedor se hubiera opuesto invocando el art. 487.1.5.º TRLC, el debate habría sido otro.
  • Revisa también las deudas públicas pequeñas. Multas de tráfico, impuesto de circulación, plusvalías o IBI se olvidan con facilidad y son las que más suelen faltar en las solicitudes.
  • La exoneración identifica las deudas. Desde las sentencias de febrero de 2026, la resolución debe identificar los créditos exonerados. Lo que no declares puede quedar fuera.

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🛡️ Qué significa para los acreedores que quieren oponerse a la EPI

Para los acreedores, y en particular para las Administraciones públicas, el mensaje es claro: si creen que concurre una causa de exclusión de la EPI, tienen que oponerse y concretarla en primera instancia. Un escrito de alegaciones sobre el importe de su crédito o sobre el límite de 10.000 € no equivale a una oposición.

Y si la oposición no se formula a tiempo, no podrán rescatarla después en apelación ni en casación. Para el deudor que ya tiene la exoneración y sigue recibiendo reclamaciones, explicamos cómo actuar en Segunda Oportunidad concedida y me siguen reclamando.

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❓ Preguntas frecuentes sobre la causa de exclusión de la EPI y la STS 1720/2026

¿Puede un acreedor alegar en casación una causa de exclusión de la EPI que no planteó antes?

No. Según la STS 1720/2026, de 12 de noviembre (ECLI:ES:TS:2026:4498), no se puede impugnar en casación la concesión de la exoneración con una causa de exclusión que ningún acreedor alegó en primera instancia y que el juez del concurso tampoco apreció de oficio. Sería una cuestión nueva que deja al deudor sin defensa.

¿Qué pasa si olvido incluir una deuda en la solicitud de concurso?

Depende del caso. En la STS 1720/2026 el deudor omitió deudas municipales de 13.451,89 euros, un 4,96 % de su pasivo, y conservó la exoneración porque nadie alegó a tiempo la causa adecuada. Pero omitir deudas es un riesgo real: el juez puede valorarlo y un acreedor puede oponerse. Lo prudente es incluir todas las deudas, también multas e impuestos municipales.

¿La omisión de una deuda es «información falsa o engañosa» del art. 487.1.6.º TRLC?

La Audiencia Provincial de Madrid entendió que no, porque esa causa se refiere al momento de contraer la deuda o de cumplir las obligaciones, no a la solicitud de concurso. El Tribunal Supremo no corrigió ese criterio. La omisión en el concurso encajaría más bien en el deber de colaboración e información del art. 487.1.5.º TRLC.

¿Debe el juez revisar de oficio las causas de exclusión de la EPI?

Sí, el juez del concurso debe verificar de oficio los requisitos del art. 487.1 TRLC (art. 502.1 TRLC). Pero la Audiencia Provincial, en apelación, solo puede examinar lo que se le impugna (art. 465.5 LEC), así que no puede apreciar de oficio una causa de exclusión que nadie recurrió.

¿Qué tiene que hacer un acreedor que quiere oponerse a la EPI?

Oponerse formalmente en el momento procesal oportuno e indicar la causa concreta de exclusión del art. 487.1 TRLC. Limitarse a hacer alegaciones sobre el importe o la naturaleza de su crédito no basta: en la STS 1720/2026 ni la TGSS ni el Ayuntamiento se opusieron y por eso no se tramitó el incidente del art. 502.2 TRLC.

¿Quién pagó las costas en la STS 1720/2026?

La Tesorería General de la Seguridad Social. El Tribunal Supremo desestimó su recurso de casación y le impuso las costas conforme al art. 398.1 LEC.

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Fuentes oficiales: buscador de jurisprudencia del CENDOJ (STS 4498/2026) y Texto Refundido de la Ley Concursal (BOE).

DGM

Sobre el autor

David García Montoliu, abogado y administrador concursal (ICALBA n.º 2.079, ICAM n.º 91.374). Más de 60 concursos gestionados desde 2007.

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David García Montoliu

Abogado experto en segunda oportunidad y fondos buitre

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